La nueva competencia por la inversión turística en Centroamérica y República Dominicana

La mejor política para atraer inversión turística ya no consiste únicamente en reducir impuestos. Consiste en construir destinos donde invertir tenga sentido.

Durante las décadas de 1980 y 1990, buena parte de los países de Centroamérica y el Caribe compartían un mismo objetivo: atraer inversión privada para desarrollar una industria turística todavía incipiente. El mecanismo parecía evidente. Si el turismo generaba empleo, divisas y desarrollo territorial, bastaba con reducir el costo de invertir mediante exenciones tributarias, importaciones libres de impuestos y estabilidad fiscal de largo plazo.

Ese enfoque produjo resultados importantes.

República Dominicana logró consolidarse como uno de los mayores receptores de inversión hotelera del Caribe. Panamá desarrolló instrumentos financieros para estimular proyectos turísticos fuera de la capital. Honduras impulsó zonas de régimen especial en sus Islas de la Bahía. Costa Rica desarrolló, desde los años setenta, uno de los polos turísticos planificados más ambiciosos de la región. En mayor o menor medida, todos los países apostaron por combinar incentivos fiscales con inversión pública dirigida.

Sin embargo, veinte años después los incentivos que busca el inversionista no son (únicamente) fiscales.

¿Qué condiciones necesita un inversionista para decidir desarrollar un proyecto turístico en un territorio determinado?

La respuesta es mucho más compleja.

Hoy un inversionista analiza simultáneamente la estabilidad jurídica, la disponibilidad de agua y energía, la conectividad aérea y terrestre, la calidad del talento humano, la seguridad, la rapidez para obtener permisos, la gobernanza local, el compromiso ambiental del destino y la capacidad de integrarse a cadenas de valor locales.

Los incentivos fiscales continúan siendo relevantes. Pero han dejado de ser suficientes. La competencia internacional ya no ocurre únicamente entre leyes de incentivos. Ocurre entre ecosistemas de inversión. Y esa diferencia cambia completamente la manera de diseñar las políticas públicas.

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Una región que compite por el mismo capital

Centroamérica y República Dominicana poseen una de las mayores concentraciones de patrimonio natural y cultural del planeta.

En pocos cientos de kilómetros es posible encontrar selvas tropicales, arrecifes coralinos, volcanes activos, ciudades coloniales, sitios arqueológicos mayas, gastronomías reconocidas internacionalmente y algunos de los principales destinos de sol y playa del continente.

A esta diversidad se suma una ventaja frecuentemente subestimada: la posibilidad de construir experiencias multidestino. Mientras otras regiones compiten como países individuales, Centroamérica tiene el potencial de presentarse como un solo gran destino compuesto por múltiples experiencias complementarias.

Sin embargo, esa riqueza no garantiza por sí sola nuevas inversiones. El capital turístico internacional se ha vuelto mucho más selectivo. Los grandes grupos hoteleros, fondos inmobiliarios, operadores turísticos y desarrolladores evalúan cada vez con mayor rigurosidad los riesgos asociados a cada proyecto.

El costo financiero de una inversión depende hoy tanto de la estabilidad política y ambiental como de la rentabilidad esperada.

Al mismo tiempo, organismos multilaterales, fondos soberanos y bancos de desarrollo exigen crecientemente que las inversiones incorporen criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), resiliencia climática y generación de beneficios para las comunidades locales.

La competencia regional, por tanto, ya no consiste únicamente en atraer inversiones. Consiste en atraer la inversión adecuada.

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Dos instrumentos que compiten por el mismo capital — y que casi siempre coexisten

Al revisar la evolución de los marcos regulatorios de la región, es tentador ordenarlos en generaciones sucesivas: primero el incentivo fiscal, después la infraestructura, finalmente la sostenibilidad. La evidencia, sin embargo, no sostiene esa secuencia. Lo que muestran los casos reales es que los países combinan dos tipos de instrumento —incentivo fiscal e inversión pública en infraestructura— en proporciones distintas y sin un orden fijo, mientras que un tercer eje, el de la sostenibilidad como condición de competitividad para la inversión (no solo como certificación de mercado), sigue siendo, en toda la región, más una tendencia declarada que una política consolidada.

Instrumento fiscal: reducir el costo de invertir

Las primeras leyes de promoción turística buscaban resolver un problema evidente: invertir en turismo era costoso y riesgoso. La respuesta consistió en reducir el riesgo económico mediante exenciones del impuesto sobre la renta, eliminación de aranceles para importar equipos y materiales, e incentivos municipales.

República Dominicana constituye el caso más consolidado: la Ley 158-01 de 2001 (Ley CONFOTUR), administrada por el Consejo de Fomento Turístico, sigue vigente hoy y ha sido decisiva en el crecimiento hotelero de Punta Cana, Bayahíbe y Juan Dolio.

Panamá desarrolló un instrumento similar pero más sofisticado: la Ley 80 de 2012, ampliada por la Ley 122 de 2019, ofrece crédito fiscal del 100% en el impuesto sobre la renta a quienes inviertan en bonos, acciones u otros instrumentos financieros de empresas turísticas ubicadas fuera del distrito de Panamá — es decir, usa el mercado de capitales, no solo la exención directa, para dirigir inversión hacia el interior del país.

Honduras ha recurrido al mismo tipo de instrumento en dos momentos distintos y distantes entre sí: la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (ZOLITUR), creada en 2006-2007, y la Ley de Fomento al Turismo de 2017 (Decreto 68-2017), que otorga exoneración del impuesto sobre la renta por 15 años. El hecho de que Honduras haya vuelto a legislar sobre exenciones fiscales una década después de su primer intento —y treinta años después de que otros países del área avanzaran hacia otros instrumentos— es en sí mismo revelador del rezago regional.

Costa Rica, paradójicamente, no encaja en el lugar que suele asignársele en esta narrativa. Su Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico es de 1985 — más tardía que su propio proyecto de infraestructura pública, como se explica a continuación.

Instrumento de infraestructura: reducir el riesgo operativo

Con el tiempo quedó claro que los incentivos fiscales por sí solos no garantizaban inversiones sostenibles. Muchos proyectos encontraban dificultades por falta de carreteras, aeropuertos, agua potable, saneamiento o seguridad. En consecuencia, varios países comenzaron a invertir directamente en las condiciones operativas del territorio.

El caso más temprano y menos citado es, de nuevo, Costa Rica. La Ley 6370 de 1979 —conocida como la Ley de Papagayo— declaró de utilidad pública el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo en Bahía Culebra, Guanacaste, permitió la expropiación de tierras y estableció un Plan Maestro obligatorio aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, bajo el cual se otorgaron concesiones a desarrolladores privados desde 1988. Es, en esencia, el mismo modelo de polo turístico planificado por el Estado que después replicarían Cancún o Punta Cana — y antecede en seis años a la propia ley fiscal costarricense de 1985.

Surf City, en El Salvador, es el ejemplo contemporáneo más completo. El programa, con cinco fases entre 2019 y 2026, no se limitó a ofrecer incentivos fiscales: incluyó carreteras, malecones, saneamiento, ciclovías, espacios públicos y fortalecimiento de la seguridad, financiado en parte con préstamos del BID (US$106 millones para la Fase II) y del BCIE. El resultado documentado fue el aumento de la estadía promedio por turista de ocho a once noches entre 2019 y 2023.

República Dominicana impulsa hoy el mismo tipo de instrumento en Pedernales: un proyecto de US$2,200-2,245 millones a diez años, con aeropuerto internacional, puerto de cruceros, red vial y plantas de tratamiento construidos por el Estado antes de la llegada masiva de capital privado. El proyecto incluye, además, un componente de formación ambiental comunitaria (más de 140 guardaparques y guías ecoturísticos certificados desde 2024), aunque este componente funciona como capacitación y licencia social, no como un instrumento formal de incentivo verde a la inversión.

Unido a este modelo es importante indicar que las leyes más modernas buscan habilitar condiciones adicionales, no solamente infraestructura e incentivos fiscales, sino ofrecer un ecosistema de inversión que de certeza y facilidad a la inversión turística.

Guatemala ofrece un caso más orgánico: la consolidación del IRTRA como polo recreativo en Retalhuleu generó un flujo de visitantes que incentivó inversión privada en hoteles y comercio sin que mediara una ley de incentivos moderna. Ese crecimiento terminó por justificar, décadas después, una inversión en infraestructura de gran escala: la autopista Xochi (Corredor de las Flores), de 30.8 km, inaugurada en junio de 2026, que reduce el trayecto entre Suchitepéquez y Retalhuleu de hasta cuatro horas a media hora y ya contempla conexión directa a los parqueos del IRTRA.

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El eje pendiente: sostenibilidad como condición de inversión, no solo como certificación

Aquí conviene ser precisos sobre qué existe hoy y qué no. Costa Rica cuenta, desde 1997, con el Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST): una certificación voluntaria que evalúa el desempeño ambiental, social y de gestión de comunidades de empresas ya en operación. Es, sin duda, el instrumento de sostenibilidad turística más consolidado de la región y ha sido reconocido por la Organización Mundial del Turismo. Lo mismo han impulsado Guatemala con su Sello Q y otros países con certificados similares, a los que se suman el Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS).

Pero estos no son un instrumento de atracción de inversión: no otorgan crédito fiscal, no reducen el costo de invertir ni condicionan ningún beneficio financiero al desempeño ambiental. Es una herramienta de diferenciación de mercado que opera después de que la inversión ya existe — comunica calidad a turistas y operadores internacionales, no reduce el riesgo ni el costo de capital para quien está decidiendo invertir.

Hasta donde permite establecer la información disponible, ningún país de la región cuenta todavía con un instrumento fiscal o financiero que condicione beneficios de inversión turística al desempeño ambiental, climático o de gobernanza — es decir, con un incentivo verde propiamente dicho, equivalente en función a CONFOTUR o a la Ley 80 panameña pero orientado a sostenibilidad. Los conceptos de resiliencia, descarbonización, economía circular y turismo regenerativo aparecen con creciente frecuencia en el discurso de organismos multilaterales y en las hojas de ruta nacionales, pero como agenda declarada, no como política de inversión ya implementada.

La brecha de competitividad hoy no está entre países que ya llegaron a la sostenibilidad como eje de inversión y países que se quedaron en el incentivo fiscal. Está, más bien, en que toda la región —incluida Costa Rica— sigue compitiendo casi exclusivamente con las mismas dos herramientas de siempre: exención fiscal e inversión en infraestructura, mientras la sostenibilidad avanza como discurso y como certificación de mercado, pero todavía no como palanca formal de atracción de capital.

Una reflexión para Guatemala

Este cambio resulta especialmente pertinente para Guatemala.

Durante décadas, el país contó con un marco legal de fomento turístico cuya principal herramienta eran los incentivos fiscales. La ley que contenía dichos incentivos (Decreto 25-74) fue derogada en 1997, dejando a Guatemala sin un instrumento moderno de incentivos fiscales para el turismo. Desde entonces, Guatemala ha continuado atrayendo proyectos principalmente por la fortaleza de sus recursos turísticos, el trabajo de promoción institucional y oportunidades puntuales de mercado, más que por un régimen moderno de incentivos.

Paradójicamente, algunos de los procesos más exitosos de atracción de inversión turística en el país no surgieron de una ley específica. Surgieron del propio mercado.

El caso de Retalhuleu resulta particularmente ilustrativo. La consolidación del IRTRA como uno de los principales polos recreativos de Guatemala generó un flujo constante de visitantes que incentivó la inversión privada en hoteles, restaurantes, servicios turísticos y comercio. Ese crecimiento fue elevando progresivamente los estándares del destino y terminó impulsando mejoras en infraestructura pública y, más recientemente, inversiones estratégicas como la autopista Xochi. Sin haber sido concebido como una política formal de atracción de inversiones, el territorio desarrolló un auténtico ecosistema de inversión, donde una demanda sólida actuó como el principal catalizador del capital privado. En 2024, Retalhuleu se consolidó como el segundo destino más visitado del país después de Antigua Guatemala, según el Instituto Guatemalteco de Turismo.

Y quizás esa sea la principal lección que ofrece hoy la región: las leyes fiscales siguen siendo relevantes, la infraestructura pública es hoy el instrumento donde se está jugando la competencia regional más activa, y la sostenibilidad como palanca de inversión —más allá de la certificación de mercado— sigue siendo una frontera que ningún país ha cruzado todavía del todo. En conclusión, las inversiones florecen donde existe un ecosistema capaz de convertir oportunidades en proyectos viables.

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Fuentes consultadas

República Dominicana

• Ley 158-01 sobre Fomento al Desarrollo Turístico (Ley CONFOTUR), 9 de octubre de 2001. Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR) / Ministerio de Turismo de la República Dominicana.
• Presidencia de la República Dominicana. Noticias sobre el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales-Cabo Rojo (2020-2026), incluyendo avances de aeropuerto, puerto de cruceros e inversión estimada de US$2,245 millones.
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (RD). «Medio Ambiente e INFOTEP certifican 144 guardaparques y guías ecoturísticos en Pedernales» (2024).
• Bloomberg Línea / Yahoo Finanzas. «Pedernales: la gran apuesta turística de República Dominicana por US$2.200 millones» (2025).

El Salvador

• Ministerio de Turismo de El Salvador (MITUR). Programa Surf City — fases, componentes y financiamiento.
• Asamblea Legislativa de El Salvador. Autorización de préstamo con el BCIE por US$113.9 millones para el Programa Surf City Fase 1.
• Prensa Libre / Guatevisión. «Surf City: el señuelo que usó El Salvador para que los turistas se quedaran más tiempo» (2025).

Honduras

• Decreto Legislativo 113-2007. Ley de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía (ZOLITUR).
• Decreto 68-2017. Ley de Fomento al Turismo, Congreso Nacional de Honduras.
• Albasud. «Nueva Ley de Fomento al Turismo en Honduras, ¿a quién beneficia?» (2017), con referencia a la posición del ICEFI.

Panamá

• Ley 80 de 8 de noviembre de 2012. Normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá.
• Ley 122 de 31 de diciembre de 2019, que modifica el artículo 9 de la Ley 80 de 2012.
• Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). Incentivos de la Ley 80.

Costa Rica

• Ley 6370 del 20 de agosto de 1979 (Ley de Papagayo / Desarrollo Turístico de Bahía Culebra), reformada por Ley 6758 de 1982 y Ley 6963 de 1984. Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
• Ley 6990 de 1985, Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico. Asamblea Legislativa de Costa Rica.
• Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST), programa vigente desde 1997.
• Redalyc. Blanco Obando / estudios sobre desarrollo turístico y legislación en Guanacaste, Costa Rica (1990-2016).
• Albasud. «Enclaves turísticos y evasión fiscal: el caso del Polo Turístico Golfo de Papagayo».

Guatemala

• ICEFI (2007), citado en documento de proyecto CEPAL sobre fortalecimiento de la cadena de turismo: derogación en 1997 del Decreto 25-74, Ley de Fomento al Turismo Nacional.
• Prensa Libre. «Nuevo hotel, ruinas mayas y ferias de negocios: Guatemágica va por turistas en medio de desafíos» (2025); datos de INGUAT sobre Retalhuleu como segundo destino más visitado del país en 2024.
• Prensa Libre. «Autopista y Ciudad Xochi apuntan a convertir Suchitepéquez en nuevo eje logístico y comercial» y «Xochi abre oficialmente y activa nueva conexión estratégica en la Costa Sur» (2026).